1. La ONU vuelve a pronunciarse, pero el embargo continúa
Este miércoles 28 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a pedir que Estados Unidos ponga fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba.
La resolución obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.
Es la trigésima cuarta ocasión en que la organización adopta una resolución de esta naturaleza.
Sin embargo, el resultado representa un cambio importante respecto de 2025, cuando 165 países respaldaron la propuesta, siete votaron en contra y 12 se abstuvieron.
La iniciativa sigue contando con una mayoría considerable, pero perdió 35 votos favorables en un año.
El cambio refleja el endurecimiento de la confrontación diplomática y las gestiones estadounidenses para modificar las posiciones de otros gobiernos.
La resolución no tiene carácter vinculante. Su aprobación no elimina las restricciones comerciales ni obliga jurídicamente al Congreso estadounidense a modificarlas.
Por eso, la noticia no termina con el resultado de la votación.
La verdadera pregunta es qué consecuencias tiene mantener estas medidas sobre las condiciones de vida de los cubanos.
2. Una crisis que no comenzó ayer
Cuba atraviesa una de las etapas económicas y sociales más difíciles de su historia reciente.
Los apagones prolongados, la escasez de combustible, las dificultades para conseguir alimentos y medicamentos, el deterioro de las viviendas y la pérdida de poder adquisitivo forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.
Con frecuencia, estas condiciones se presentan como prueba del fracaso del sistema socialista cubano.
Pero esa explicación deja fuera un elemento fundamental.
Desde 1960 comenzaron las restricciones económicas estadounidenses contra la isla y, en febrero de 1962, se formalizó un embargo comercial más amplio.
Durante las décadas posteriores se añadieron distintas disposiciones legales, entre ellas la Ley Helms-Burton de 1996.
Estas medidas limitaron operaciones comerciales y financieras, restringieron posibilidades de inversión y crearon riesgos legales para determinadas actividades de empresas y bancos vinculados con terceros países.
No significa que Cuba haya estado completamente aislada del comercio internacional.
La isla mantiene relaciones económicas con diferentes países y existen excepciones estadounidenses para ciertas operaciones, especialmente las relacionadas con alimentos y medicamentos.
Pero poder realizar algunas operaciones comerciales no equivale a disponer de condiciones normales de financiamiento, inversión y acceso a los mercados.
Durante más de seis décadas, estas restricciones han sido parte del entorno económico cubano.
Ignorarlas impide comprender plenamente sus resultados.
3. El endurecimiento petrolero de 2026
La situación se agravó de manera particularmente importante a comienzos de este año.
El 29 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que estableció un mecanismo para imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministraran petróleo a Cuba.
La medida introdujo un nuevo riesgo comercial para los proveedores de combustible de la isla.
Su efecto fue especialmente grave porque Cuba depende de las importaciones para satisfacer una parte importante de sus necesidades energéticas.
La infraestructura eléctrica cubana ya presentaba problemas estructurales, entre ellos centrales envejecidas, deficiencias de mantenimiento y dificultades para obtener equipos y refacciones.
Pero una cosa es operar con infraestructura deteriorada y otra enfrentar, además, restricciones extraordinarias al suministro de combustible.
El agravamiento de los problemas energéticos repercute sobre prácticamente todas las actividades del país.
Cuando falta electricidad, no solamente se apagan las luces.
Se dificulta bombear agua, conservar vacunas, mantener funcionando equipos médicos, transportar alimentos, operar industrias y recoger basura.
En febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que las restricciones petroleras recientes, sumadas al embargo de larga duración y a otros factores, estaban poniendo en riesgo servicios fundamentales.
El organismo señaló que más del 80% de los equipos de bombeo de agua en Cuba dependían de electricidad.
También alertó sobre los problemas que enfrentaban unidades de cuidados intensivos, servicios de urgencias y sistemas de refrigeración de productos médicos.
La relación entre la escasez energética y el deterioro de servicios esenciales está documentada. No es solamente una afirmación del gobierno cubano.
4. El costo humano de las sanciones
Las consecuencias adquieren una dimensión particularmente preocupante cuando se observan los servicios de salud.
En mayo de 2026, Naciones Unidas informó, con base en datos de las autoridades sanitarias cubanas, que más de 96 mil pacientes, entre ellos unos 11 mil menores de edad, tenían cirugías pospuestas en medio de las dificultades energéticas y de suministro.
Las interrupciones eléctricas también afectan tratamientos que requieren equipos especializados y continuidad operativa.
En los hogares, la ausencia de energía dificulta la preparación y conservación de alimentos.
La falta de combustible repercute sobre el transporte de mercancías, el funcionamiento de los servicios públicos y la movilidad de trabajadores y pacientes.
La organización Human Rights Watch documentó en julio de 2026 testimonios de habitantes de La Habana que describen viviendas deterioradas, farmacias con escasez de productos, hospitales con recursos insuficientes y familias obligadas a organizar su vida alrededor de los apagones.
Su investigación identifica expresamente tanto los efectos de las sanciones estadounidenses como las deficiencias estructurales de la economía cubana.
Esta coincidencia entre organismos con perspectivas distintas resulta relevante.
Es posible cuestionar al gobierno de Cuba y, al mismo tiempo, reconocer que las sanciones estadounidenses agravan el sufrimiento de su población.
Ambas afirmaciones pueden ser verdaderas.
5. La alimentación: una dependencia que multiplica los riesgos
El Programa Mundial de Alimentos estima que Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume.
El dato revela un problema estructural.
Una economía agrícola con dificultades de productividad y una elevada dependencia de las importaciones enfrenta riesgos importantes cuando disminuyen sus ingresos externos o se complican las operaciones comerciales.
La organización también señala que la economía cubana acumuló una contracción aproximada del 15% durante los últimos seis años.
A ello se añaden inflación, insuficiencia de divisas y retrasos en la distribución de la canasta alimentaria.
¿Son estos problemas responsabilidad exclusiva del embargo?
No.
La baja producción agrícola, las decisiones económicas internas y los problemas de gestión también requieren una revisión crítica.
Pero cuando un país depende de comprar gran parte de sus alimentos en el exterior, las restricciones financieras, los costos adicionales de transporte y las dificultades energéticas pueden empeorar considerablemente el abastecimiento.
Una economía puede tener problemas propios y, simultáneamente, enfrentar obstáculos externos que dificultan su recuperación.
6. ¿Estados Unidos permite vender alimentos y medicinas a Cuba?
Sí, en determinadas condiciones.
Ésta es una precisión necesaria para evitar interpretaciones incompletas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense reconoce autorizaciones y excepciones relacionadas con alimentos, productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos.
Washington sostiene que sus sanciones no buscan impedir la asistencia humanitaria a la población cubana.
Durante el debate en Naciones Unidas, el embajador estadounidense Mike Waltz afirmó que las exportaciones de su país hacia Cuba superaron los 876 millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2026.
Su argumento fue que la existencia de comercio demuestra que Cuba no está sometida a un aislamiento absoluto.
Sin embargo, la existencia de excepciones no significa que todas las operaciones puedan realizarse sin dificultades.
Los bancos, proveedores, aseguradoras y empresas de transporte deben cumplir requisitos regulatorios y valorar riesgos.
Las restricciones también pueden encarecer o desalentar transacciones que no están expresamente prohibidas.
En consecuencia, la pregunta no debe limitarse a si algún producto puede venderse legalmente.
Debe incluir si existen condiciones suficientes para financiarlo, transportarlo y ponerlo oportunamente a disposición de la población.
7. Las responsabilidades del gobierno cubano
Atribuir todas las dificultades de Cuba a Estados Unidos tampoco sería una conclusión rigurosa.
El país enfrenta problemas relacionados con la centralización económica, la baja productividad, la limitada disponibilidad de divisas, el deterioro de instalaciones públicas y dificultades en la administración de recursos.
Las autoridades cubanas tienen responsabilidades directas en el diseño de políticas, la producción de alimentos, el mantenimiento de infraestructura y la calidad de los servicios.
También deben responder por las restricciones a la libertad de expresión, la persecución de opositores y las detenciones arbitrarias documentadas por organizaciones de derechos humanos.
Human Rights Watch ha señalado que las autoridades cubanas continúan castigando la disidencia y restringiendo libertades fundamentales.
Estos hechos no pueden justificarse por la existencia del embargo.
Al mismo tiempo, las deficiencias del gobierno cubano no eliminan las consecuencias humanitarias de las sanciones extranjeras.
El respeto a los derechos humanos exige examinar tanto las decisiones de Washington como las de La Habana, pero sin confundir sus responsabilidades.
8. ¿Qué pesa más: el bloqueo o el sistema económico?
Ésta es la pregunta que suele dividir el debate.
Y también es la más difícil de responder con precisión.
Para explicar el deterioro económico acumulado durante décadas habría que evaluar, entre otros factores, el embargo, las decisiones del gobierno cubano, la desaparición de los apoyos soviéticos, los cambios en el comercio internacional, las crisis energéticas, la pandemia, la caída del turismo y los fenómenos meteorológicos.
La información disponible no permite asignar de manera confiable un porcentaje exacto a cada causa.
Por eso, afirmar que toda la crisis se debe al socialismo sería tan impreciso como sostener que desaparecería completamente si Estados Unidos levantara sus sanciones.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre estudiar la crisis acumulada y examinar su agravamiento durante 2026.
En este último caso, las nuevas restricciones al suministro petrolero constituyen un factor externo identificable, con consecuencias documentadas sobre la generación eléctrica y los servicios esenciales.
Esto permite sostener que el endurecimiento de las sanciones ha agravado significativamente la emergencia actual.
También obliga a plantear otra pregunta:
¿Cómo se habrían desarrollado la economía y los servicios públicos cubanos si durante más de seis décadas el país hubiera podido relacionarse comercial y financieramente con Estados Unidos en condiciones normales?
No conocemos la respuesta.
Ese escenario no ha existido y no es posible reconstruirlo como un hecho.
Pero la imposibilidad de calcularlo no significa que las restricciones carezcan de consecuencias.
9. Dos posiciones enfrentadas en Naciones Unidas
Durante el debate de esta semana, Estados Unidos y Cuba expusieron interpretaciones contrapuestas.
El embajador estadounidense Mike Waltz sostuvo que los problemas económicos de la isla son consecuencia de su propio gobierno y de la concentración del poder y los recursos.
Washington defendió sus medidas como parte de una política orientada a promover cambios políticos y responder a lo que considera amenazas a su seguridad nacional.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que las restricciones constituyen una forma de presión económica cuyos costos recaen sobre la población.
También acusó a Estados Unidos de intentar debilitar el apoyo internacional a la resolución.
Las diferencias se reflejaron en una confrontación diplomática durante las sesiones de la Asamblea General.
Finalmente, 130 países votaron a favor del texto que solicita poner fin al embargo.
Pero los 17 votos en contra y las 25 abstenciones revelan un escenario diplomático menos favorable para Cuba que el registrado en años anteriores.
El respaldo internacional disminuyó.
Lo que no disminuyó fue la gravedad de las dificultades que enfrenta la población cubana.
10. México y su posición ante el bloqueo
México participó en el debate de este miércoles y reiteró su rechazo al embargo.
La representación mexicana sostuvo que las medidas económicas unilaterales afectan las condiciones de vida de la población cubana y dificultan su desarrollo.
También defendió el diálogo, la cooperación internacional y el respeto a la soberanía de los Estados.
La postura forma parte de una relación histórica entre México y Cuba, pero adquiere una dimensión adicional por las medidas estadounidenses de 2026 relacionadas con los países proveedores de petróleo.
La presión económica sobre Cuba puede tener consecuencias en las decisiones comerciales de terceros países.
Para México, el asunto plantea una discusión que combina principios diplomáticos, intereses económicos, seguridad energética y responsabilidades humanitarias.
Es posible defender el derecho de los cubanos a recibir suministros esenciales y, al mismo tiempo, reconocer que el gobierno de la isla debe garantizar libertades civiles y mejores condiciones de vida.
La solidaridad con una población no exige respaldar todas las actuaciones de sus gobernantes.
11. La pregunta que la ONU no puede resolver con una votación
La resolución aprobada este miércoles tiene valor político y diplomático.
Pero no termina el embargo.
Tampoco repara las centrales eléctricas, incrementa la producción agrícola ni restablece automáticamente el funcionamiento de los hospitales.
Para mejorar las condiciones de vida en Cuba hacen falta decisiones en ambos frentes.
Por una parte, reducir las restricciones externas que limitan el acceso a suministros, financiamiento y actividades económicas.
Por otra, adoptar políticas internas capaces de mejorar la producción, los servicios públicos, la transparencia y el ejercicio de derechos fundamentales.
No son objetivos incompatibles.
La ciudadanía cubana no debería tener que elegir entre padecer sanciones económicas extranjeras o aceptar restricciones a sus libertades dentro del país.
Tiene derecho a condiciones de vida dignas y al respeto de sus derechos.
Reflexión final
La Asamblea General de Naciones Unidas volvió a pedir el fin del embargo estadounidense contra Cuba.
Lo hizo con una mayoría importante, aunque considerablemente menor que la de 2025.
La votación demuestra que la controversia diplomática permanece abierta.
Pero también permite revisar una explicación demasiado frecuente: presentar las dificultades económicas cubanas como resultado exclusivo de su sistema político.
Los documentos de Naciones Unidas, los informes humanitarios y las investigaciones independientes muestran que las restricciones comerciales, financieras y energéticas han contribuido al deterioro de las condiciones de vida.
También muestran que existen deficiencias internas que el gobierno cubano debe corregir.
No hay evidencia suficiente para afirmar qué porcentaje total de la crisis corresponde al bloqueo y qué parte al sistema económico. Sí la hay para establecer que las restricciones estadounidenses agravan problemas esenciales, y que las medidas petroleras de 2026 han intensificado sus consecuencias humanitarias.
Después de más de seis décadas, la pregunta fundamental no debería ser qué gobierno consigue imponerse políticamente.
Debería ser cómo garantizar que millones de personas puedan vivir con electricidad, alimentos, agua, medicamentos y libertad.
Porque las confrontaciones entre gobiernos tienen protagonistas políticos, pero sus consecuencias suelen recaer sobre ciudadanos que no decidieron iniciarlas.
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