El Gobierno federal publicó el 14 de octubre el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, que establece deberes de protección para plataformas digitales respecto de contenidos de violencia, acoso, abuso sexual y otros riesgos.
Según la comunicación oficial, las empresas disponen de 30 días naturales para adecuar sistemas e informar sobre su cumplimiento, bajo seguimiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La Presidencia lo caracteriza como un instrumento obligatorio y no punitivo.
Qué cambia y qué no se puede concluir
El anuncio no significa que todas las plataformas ya hayan implementado controles efectivos ni que el contenido de riesgo haya desaparecido. Para evaluar el instrumento será importante revisar transparencia de moderación, mecanismos para denunciar, verificación proporcional, privacidad y recursos disponibles para menores y familias.
Qué sigue
Monitorear el plazo de adecuación, los informes de cumplimiento y el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación. El debate también exige observar derechos digitales, libertad de expresión y protección efectiva de la infancia.