Pueblos originarios protestan por resolución sobre consulta indígena y anuncian posible impugnación

Representantes de pueblos originarios de San Andrés Cholula se manifestaron este martes 27 de octubre ante instalaciones del Poder Judicial de la Federación para expresar su inconformidad con una resolución relacionada con el derecho a la consulta indígena y la planeación del territorio municipal.

Los participantes pertenecen a comunidades que han promovido mecanismos de participación para que sus propuestas sean consideradas en los instrumentos de desarrollo urbano.

La controversia está vinculada con el juicio de amparo 1438/2025 y con el Protocolo de Consulta Indígena acordado en 2020.

Durante la movilización, representantes comunitarios cuestionaron la resolución del Juzgado Quinto de Distrito y denunciaron que podría afectar la continuidad de las medidas de protección territorial que reclaman.

Los inconformes solicitaron explicaciones sobre la decisión judicial y mantuvieron una reunión con representantes del juzgado.

De acuerdo con la versión difundida por sus abogados, la resolución puede impugnarse ante un Tribunal Colegiado. También señalaron que la suspensión definitiva concedida en resoluciones anteriores no habría sido modificada.

Esta última afirmación corresponde a los representantes comunitarios y deberá contrastarse con el texto íntegro de las resoluciones judiciales.

Una controversia que va más allá de un trámite

El conflicto tiene consecuencias para la participación de las comunidades originarias en la definición del crecimiento urbano.

Los representantes comunitarios sostienen que el desarrollo inmobiliario y las decisiones sobre el uso del suelo deben considerar sus derechos colectivos y las estrategias de protección territorial acordadas previamente.

La controversia también obliga a distinguir entre el contenido del programa municipal de desarrollo urbano, el procedimiento de consulta y los efectos concretos de las resoluciones judiciales.

La protesta está documentada; la controversia legal continúa abierta.

No existe fundamento para informar que las comunidades perdieron definitivamente todos sus derechos de participación o que la totalidad de sus demandas fue resuelta a su favor.

¿Qué sigue?

La posible impugnación de la sentencia, la revisión del expediente judicial y la exposición de dictámenes universitarios vinculados con las propuestas comunitarias, anunciada para el 3 de noviembre.